La tormenta legal de OpenAI: ¿en riesgo su futuro en California?
Altman asegura que no planea mover la empresa, aunque la presión de fiscales y rivales pone en jaque su cambio a sociedad con fines de lucro.
La noticia de que OpenAI podría abandonar California sacudió el ecosistema tecnológico estadounidense esta semana, y se suma al ambiente de pánico general de la empresa. El Wall Street Journal informó que la dirección de la empresa estaba discutiendo una salida como “último recurso” frente al creciente choque regulatorio que amenaza su plan de reestructuración. Sin embargo, un portavoz de la empresa negó categóricamente que existan planes de traslado.
El problema radica en el complejo proceso mediante el cual OpenAI quiere convertirse de organización sin ánimo de lucro a sociedad con fines de lucro, un cambio imprescindible para desbloquear los 19.000 millones de dólares en financiación comprometida. Sin esa transformación, buena parte de los inversores podría dar marcha atrás, lo que supondría un golpe devastador para la empresa que popularizó ChatGPT y que lidera la carrera global en inteligencia artificial.
El fiscal general de California investiga si la maniobra podría violar la legislación estatal sobre fideicomisos benéficos. A su vez, una coalición de ONGs, grupos laborales, filántropos y hasta Meta se oponen al movimiento, alertando sobre la concentración de poder y el riesgo de que un laboratorio que nació con vocación pública quede enteramente subordinado a intereses comerciales.
El dilema de Altman: entre San Francisco y el futuro de OpenAI
Un hipotético traslado sería especialmente dramático por el propio vínculo de Sam Altman con California. El CEO no solo ha consolidado allí la sede de OpenAI, sino que mantiene una estrecha relación con la política local, llegando a formar parte del equipo de transición del alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, tras su elección en 2024. Además, Altman posee varias propiedades en la zona, entre ellas al menos cuatro casas en San Francisco y otra en Napa Valley.
A nivel operativo, la mudanza también sería un desafío mayúsculo: la concentración de talento en IA en la Bahía no tiene parangón en el mundo, y reubicar a cientos de investigadores especializados supondría un riesgo tanto para la productividad como para la capacidad de atraer nuevas contrataciones.
Por ahora, OpenAI continúa trabajando junto a los fiscales de California y Delaware para resolver los obstáculos legales. Mientras tanto, la empresa no solo enfrenta este proceso regulatorio, sino también el reto de retener y captar talento en medio de una feroz guerra de fichajes en el sector.
La tensión entre los intereses regulatorios y la presión de los inversores coloca a OpenAI en una encrucijada: o consigue legitimar su transformación a sociedad lucrativa bajo las reglas de California, o podría verse obligada a contemplar escenarios que hoy parecen impensables. Lo único claro es que, en un momento clave para el futuro de la inteligencia artificial, la batalla legal y política será tan determinante como los avances técnicos.